“Las tragedias se gestan muchos años antes de que ocurran”.
Elena Garro.
Es preciso mencionar que, el concepto de seguridad nacional, el cual parte
del concepto de seguridad pública, engloba un significado que surge del derecho a la vida, la libertad y la seguridad la cual queda asociada con la protección de los derechos civiles y que a su vez se compone de las condiciones mínimas de ingreso, vivienda, salud, educación y otras.
Asimismo, la creciente militarización de la seguridad pública ha sido presentada por los gobiernos civiles que la impulsan como un mal necesario para devolver la seguridad a nuestro país. Sin embargo, a décadas de su
implementación e institucionalización, esta estrategia no ha sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad y paz en México.
Fue en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) cuando el rol
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública adquirió una nueva
magnitud a través de su participación en la estrategia de ataque frontal a las
organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
De igual manera, el expresidente Enrique Peña Nieto continuó con la misma
estrategia para combatir a los grupos criminales durante su periodo (2012- 2018) e intentó normalizar dando marco legal a dicha participación a través de la Ley de Seguridad Interior.
En el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019-2020), la
militarización de la seguridad pública se ha profundizado e institucionalizado gracias a la reforma constitucional de marzo de 2019. Con ella, se creó a la Guardia Nacional (GN), la cual, a pesar de que en el texto constitucional quedó como una corporación civil y policial, en los hechos se ha convertido en una institución militarizada.
Es preciso mencionar que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, en su artículo primero menciona que, son instituciones armadas
permanentes que tienen las siguientes misiones generales: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
A diferencia del entrenamiento a un soldado, la formación de un policía
requiere cursos complementarios y la aprobación de un proceso de control de confianza que incluye una batería de cinco exámenes incluido el polígrafo.
Además, por ley los policías deben contar con un Certificado Único Policial (CUP) que avale que el elemento superó el control de confianza.
La operación militar del gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador contra el crimen organizado ha iniciado en 266 Coordinaciones (o
cuadrantes) en que las autoridades dividieron al país para enfrentar al crimen organizado.
De estas Coordinaciones, 153 (el 57.52 por ciento) presentan un nivel de
violencia “alto”, es decir, están controladas hasta el momento por los delincuentes.
Además, 62 (el 23.3 por ciento) tienen un nivel “medio”: hay una disputa por el control de la zona entre las organizaciones criminales y las autoridades. Y sólo 53 (19.92 por ciento) gozan de un bajo nivel de violencia, lo que significa que el control lo ejercen las autoridades.
No necesitamos ser expertos en la materia militar para inferir el futuro
fracaso de la Guardia Nacional, porque vulnera Derechos Humanos, fomentando la tortura, homicidios dolosos y un sinfín de actos violentos. Cito algunos ejemplo a continuación:
En 2012, en el municipio de Tuzantla, Michoacán, un hombre fue detenido
de manera arbitraria por el Ejército y condenado a 8 años y 8 meses de prisión al ser acusado de cargar un costal de armas. Contrario a lo que señalaron los militares, la CNDH encontró evidencias de que los elementos castrenses entraron al domicilio de la persona sin una orden de cateo y, acto seguido, el hombre fue torturado por elementos de la SEDENA. Después de siete años, la institución castrense reconoció la tortura.
En septiembre del 2018, la CNDH emitió una recomendación dirigida a la
Secretaría de Marina por la detención arbitraria, retención ilegal y tortura de 17 personas en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. En estos casos, se demostró que 4 mujeres y 13 hombres fueron retenidas en instalaciones de la SEMAR donde fueron amarradas de manos y pies, sufrieron de golpes, descargas eléctricas, agresiones psicológicas, tablazos en distintas partes del cuerpo, intentos de asfixia e, inclusive, violencia sexual.
El 27 de octubre de 2020, la CNDH emitió la primera recomendación (folio
50/2020) dirigida a la Guardia Nacional por la violación de derechos humanos de migrantes que ingresaron a México con la intención de llegar a los Estados Unidos, el 20 y 23 de enero del mismo año. Las personas migrantes fueron agredidas con toletes, piedras y escudos, siendo detenidas de manera arbitraria para ser llevadas a una estación migratoria. Además, los elementos de la GN hicieron uso excesivo arbitrario y excesivo de la fuerza.
Aunado a lo anterior, Amnistía Internacional ha documentado que las
detenciones son realizadas a partir de criterios discriminatorios, especialmente, en contra de los hombres jóvenes en situación de pobreza simplemente por parecer “sospechosos” y, sobre todo, si pertenecen (o “aparentan” pertenecer) a otros grupos discriminados históricamente en México, como personas indígenas o migrantes.
A modo de conclusión, inferimos que la solución no está en militarizar la
seguridad pública con lo cual más que asegurar este Derecho se atenta contra él.
Lo adecuado es perseguir como fin último el incidir en la discusión pública
sobre la urgencia de cambiar el rumbo de la estrategia de seguridad del país: a través de la desmilitarización de la seguridad pública y la construcción de policías civiles y profesionales, asegurando las condiciones mínimas de ingreso, vivienda, salud y educación.
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